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La información como política pública

En septiembre de 2026, un mes después del terremoto y a un mes de que llegara el superniño, el comandante de los Bomberos Voluntarios de Sevilla, Valle del Cauca, Rafael Arango, declaró que su equipo estaba al límite, su personal agotado, sus equipos desgastados y que no contaban con recursos suficientes para seguir enfrentando el ritmo acelerado de incendios forestales. En una entrevista posterior, Arango explica que los recursos que necesita un bombero no se limitan a mangueras, vestimenta y camiones, sino que también incluyen datos, ciencia y conocimiento sobre la gestión del riesgo.
El conocimiento no sólo determina lo que sucede en la respuesta a un desastre, sino también lo que puede decirse al respecto. Cuando los cuerpos de bomberos no tienen acceso a datos integrados sobre las principales amenazas, la población expuesta y la infraestructura crítica, su operación se ve limitada a reaccionar únicamente por instinto. Estas instituciones normalmente responden a amenazas inmediatas e imprevisibles por no contar con acceso a información prospectiva sistematizada y actualizada en tiempo real. El comandante afirma que la realidad de Sevilla, como la de muchos municipios latinoamericanos, indica que, sin sistemas de información, la prevención y la gestión del riesgo quedan subordinadas a la ocurrencia de un desastre.
Reconociendo esta deficiencia de datos, el Cuerpo de Bomberos de Sevilla, en colaboración con la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra, lanzó su Sistema de Información Geográfica, una iniciativa que integra la geomática, la minería de datos y la cartografía social para generar conocimiento local sobre la gestión del riesgo. Entre las primeras hipótesis del equipo técnico del Sistema, ha sido que la pobreza es el riesgo más importante a identificar al prevenir y gestionar el riesgo de desastres. La pobreza no es solamente escasez de recursos, sino un tejido complejo de situaciones, en las que está incluida la incapacidad de comunicación dentro de redes de decisión: habitantes de laderas con riesgo de deslizamiento, zonas bajas propensas a inundaciones, o corredores secos vulnerables a incendios. Estas personas están expuestas a condiciones materiales de escasez, pero también al aislamiento informativo y a la invisibilidad al planificar para emergencias.

Cuando la información existe y circula, puede ampliar el margen de acción e incidencia de estas comunidades. Los líderes territoriales y asociaciones comunales pueden solicitar a las autoridades municipales que asignen presupuesto preventivo si saben dónde se concentran los mayores riesgos de deslizamientos; quien representa al departamento puede priorizar la inversión en infraestructura de protección si conoce qué poblaciones quedan en corredores de inundación; los funcionarios nacionales pueden diseñar programas de atención posdesastre basándose en patrones históricos documentados y no en reportes fragmentados de emergencia. Lo que cambia no es solo la disponibilidad de datos, sino también el nivel de participación y el alcance de la incidencia ciudadana.
Esto tiene un impacto directo en equidad y acceso, ya que municipios con capacidad técnica instalada, ingenieras e ingenieros ambientales, especialistas en SIG, etc., pueden procesar datos complejos, generar análisis cruzados, presentar proyectos financiables ante entidades nacionales e internacionales; mientras que municipios sin esta capacidad quedan relegados a depender de reportes externos, asistencia técnica extranjera, o peor aun, simplemente esperando que ocurra un desastre para activar protocolos de emergencia. Así, la pobreza económica se traduce en pobreza informacional, y esta última agrava las condiciones materiales de vulnerabilidad ante desastres.
Es importante resaltar que Colombia cuenta con sistemas de datos como la Plataforma Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la información satelital disponible públicamente, los registros demográficos del DANE, los mapas topográficos oficiales, entre otros. Es decir, no se carece de datos, pero sí falla la articulación entre los subsistemas. Los datos existen en silos institucionales, formatos incompatibles, plataformas algunas veces inaccesibles al personal técnico municipal, especialmente quienes tienen recursos limitados. La información está dispersa porque cada organismo opera con sus propios criterios, tiempos y lenguajes.
Con esto en mente, el Sistema de Información Geográfica de Bomberos de Sevilla permite romper este ciclo de vulnerabilidad y dispersión institucional sin exigir inversiones exorbitantes, ya que no ofrece sofisticación sino acceso. Reduce la brecha entre quienes pueden traducir datos en conocimiento útil para la toma de decisiones y quienes quedan fuera del círculo de influencia. Entendemos, sin embargo, que crear el Sistema por sí solo no basta; requiere voluntad política para activarlo como herramienta de gestión pública y equipos técnicos que lo gestionen y le den seguimiento.
Vigía, como herramienta desarrollada principalmente para Sevilla, es un ejemplo de lo posible cuando existe voluntad política y respaldo institucional. Cruzando amenazas naturales con la población expuesta usando datos satelitales y pronósticos existentes, mostrando riesgos en interfaces accesibles, y creando una arquitectura replicable a otros municipios sin reinventar la infraestructura tecnológica, demostrando así que el obstáculo no es técnico sino organizativo.

Ahora, la pregunta central no es si la información está disponible, sino quién la usa, cómo la usa, qué decisiones se toman con ella y cuáles son sus consecuencias distributivas. Cuando los datos de riesgo territorial alimentan los planes de ordenamiento, se pueden ubicar nuevas viviendas en zonas más alejadas de las áreas de peligro, lo que reduce el riesgo. Cuando la información climática se utiliza como guía para la inversión en drenajes, se puede prevenir inundaciones recurrentes; cuando los pronósticos en tiempo real llegan a los operadores de emergencia antes de que ocurra un evento, se pueden evacuar poblaciones con antelación.
Esto es gestión pública efectiva y no requiere grandes presupuestos, sino la coproducción y el acceso a la información, personal técnico capaz de usarla e instituciones comprometidas con la prevención de desastres. Como lo resalta el comandante Arango, la diferencia entre un municipio que responde a emergencias y uno que las anticipa radica menos en los recursos financieros y más en la capacidad de generar, organizar y analizar la información sobre el territorio y sus comunidades.
La democratización de los datos es también democracia sustantiva porque les permite a las comunidades incidir en la política pública local y apoya la transformación de ciudadanos de a pie en actores capaces de interlocución técnica. Esto no ocurre por decreto; requiere un cambio en la comunicación pública que conecta a las comunidades con las instituciones.
Además, también valdría la pena comunicarles a los dirigentes de este municipios que ya existe información y el Sistema para tomar decisiones en cuanto a la gestión del riesgo, y que no es necesario esperar estudios externos ni asesorías complejas. Con la gran cantidad de datos públicos, pueden orientar la inversión preventiva hacia zonas que históricamente han tenido mayor vulnerabilidad como Monserrate, la Cristalina, entre otros. Reconstruir lo mismo de antes no es suficiente; se necesita invertir en construir mejor para prever y prevenir futuros desastres. Concentrar fuerzas allí donde la pobreza y el riesgo ambiental coinciden no es caridad, sino mutualidad estratégica aplicada al territorio, y esto implica reconocer que las condiciones actuales no son accidentales: son el resultado de decisiones pasadas que, entre todos, podemos cambiar.
Para la muestra un botón: en Sevilla, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios sigue en pie y comprometido con la comunidad. Con el personal agotado y los recursos escasos; su comandante hizo visible lo que otros municipios también viven en silencio. La herramienta está disponible, la información circula y ahora corresponde a los dirigentes municipales considerar cómo integrar estas capacidades antes de que la próxima emergencia encuentre a los cuerpos de respuesta nuevamente al límite. Y a las comunidades les corresponde exigir que eso ocurra. La voluntad de trabajar ya la tienen los bomberos.
Nos queda la pregunta más importante: ¿Decidimos basados en las circunstancias, o nos informamos mejor antes de decidir?. La opción está disponible, la tecnología existe, los datos están abiertos, y quien decida usarlos lo hará para quién, y esa decisión no es técnica. Esa decisión es política.
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