Los datos ya existen: mirar el territorio de Sevilla con otros ojos

Una familia en la parte alta de Sevilla tiene café con sombra de plátano, lleva treinta años en la misma ladera y sabe cuál lote se erosiona cuando llueve fuerte, qué semana madura el grano en cada fila de árboles, dónde se encharca el camino en octubre. Esa información es precisa, está actualizada y no aparece en ningún sistema.

A unos kilómetros de ahí, en la oficina de planeación, hay una hoja de cálculo con las hectáreas sembradas del municipio; en el comité de cafeteros, otra base con nombres de fincas y coordenadas; en la gobernación, una tercera. Ninguna coincide del todo, y ninguna se parece a lo que esa familia sabe de su propia tierra. No falta tecnología, falta traducción.

La información que ya existe

La columna vertebral del dato agropecuario nacional son las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA), coordinadas por la UPRA y publicadas en Agronet y en el portal de datos abiertos. Cubren más de mil municipios y alrededor de doscientos productos, con áreas sembradas, producción, rendimiento e inventarios pecuarios en cortes semestrales y anuales, y siguen siendo la serie más útil que existe para comparar municipios entre sí.

Conviene entender cómo se produce, porque de ahí sale casi todo lo demás: la EVA se levanta con información que reportan los propios municipios, de modo que su calidad depende de cuántas personas tenga la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), de si hay vehículo para subir a las veredas, de si quien diligencia el formato conoce el terreno. Un municipio con equipo estable produce series razonables; uno con rotación permanente produce series que hay que leer con pinzas, y ese desfase entre el momento en que se publica un dato y la realidad que describe es crítico en zonas de expansión cafetera acelerada como las documentadas en Sevilla.

En paralelo corre el Sistema de Información Cafetera (SICA) de la Federación Nacional de Cafeteros, una base georreferenciada de cobertura nacional con información de las fincas cafeteras del país. Tiene una virtud enorme, porque llega al nivel de predio, y un límite igual de grande, porque solo ve a quienes están registrados en el gremio, de modo que quien vende a un intermediario sin pasar por el comité simplemente no existe en ese universo.

Después están los registros administrativos: el ICA mantiene información de predios y sanidad vegetal, clave para certificar lotes de exportación; el IGAC y el catastro sostienen la geometría de la tierra, aunque amplias zonas rurales siguen esperando actualización; el IDEAM aporta clima y coberturas; el Servicio Geológico Colombiano, amenaza sísmica y movimientos en masa; el DANE, censos y encuestas; el DNP consolida buena parte de todo eso en Terridata. Y hay una capa que casi nunca entra en el inventario, formada por los PBOT municipales, los planes de cuenca, los registros de asociaciones, las actas de reuniones veredales y los cuadernos de campo: información territorial valiosa que vive fuera de cualquier sistema interoperable.

Los silos no son un accidente

Tratar los silos como una falla de gestión es un error frecuente, y también cómodo. Cada institución produce datos para cumplir su propia función, y esa función define qué se mide, con qué frecuencia y con qué precisión: el municipio necesita cifras para justificar su presupuesto, el gremio necesita registro de fincas para prestar asistencia y comprar cosecha, el instituto científico necesita series largas y comparables. Ninguno está equivocado.

El silo, entonces, es el resultado normal de sistemas que observan cosas distintas, y por eso no se rompe con una aplicación nueva; se rompe con acuerdos explícitos de intercambio, con identificadores comunes y con alguien cuyo trabajo sea traducir. Hay al menos cinco tipos: el institucional, donde cada entidad arrastra su formato y su llave primaria; el gremial, con bases robustas pero parciales porque cubren afiliados; el de escala, porque la EVA piensa en municipios, el SICA en fincas, el satélite en píxeles de diez metros y el catastro en parcelas; el temporal, con series anuales, semestrales y diarias que no se pueden graficar juntas sin ajustar el tiempo, donde el café tiene picos de cosecha marcados y el plátano produce todo el año; y el comercial, donde viven los volúmenes de compra, los precios pagados y el destino de la carga, probablemente el silo más grande de todos, que además concentra el subregistro de todo lo que no pasa por un circuito formal y donde el plátano y la economía campesina aparecen mal capturados.

Ver cambia lo que entendemos

La visualización no es la etapa decorativa del análisis, es donde se toman las decisiones interpretativas.

Si se mapea la producción de café con un polígono por municipio, el resultado comunica que Sevilla es una zona cafetera homogénea; si se baja al nivel de vereda, aparece otra cosa, porque unas pocas concentran el grueso del volumen, otras están en renovación y algunas muestran abandono progresivo del cultivo. Las tres situaciones exigen respuestas distintas, y el mapa municipal las vuelve invisibles: es el problema clásico de la unidad de área modificable, donde el mismo dato produce patrones diferentes según cómo se dibujen los límites.

Hay más decisiones que cambian la lectura. Un mapa de producción total premia a los municipios grandes, mientras que uno de rendimiento por hectárea revela eficiencia; mostrar cada finca como punto expone la relación entre cultivo, vía y pendiente, y agrupar en polígonos la oculta; en un municipio de ladera, la altitud explica más que cualquier otra variable, de manera que un mapa plano omite el factor que determina qué se puede cultivar. Una animación histórica, por su parte, muestra la expansión y la contracción del cultivo de un modo que una tabla nunca logra, y también muestra los años en que el dato simplemente no se levantó.

Y hay una dimensión que no es técnica sino política, que es quién dibuja el mapa. La cartografía participativa no solo corrige errores, también redistribuye la capacidad de nombrar el territorio, y experiencias como el Reto Geomático de Sevilla y los equipos de Cartógrafos Cafeteros apuntan en esa dirección: formar a jóvenes del municipio para que sean ellas y ellos quienes produzcan la lectura del lugar donde viven. Mostrar la incertidumbre en lugar de esconderla, declarar dónde no hay datos en lugar de rellenar los huecos con interpolación silenciosa, es también una decisión política que legitima la lectura final.

Para qué sirve, más allá del diagnóstico

En política pública, el análisis territorial sirve para priorizar el mantenimiento de vías terciarias según densidad de producción y número de familias, para ubicar la asistencia técnica donde hay más predios pequeños, para orientar crédito e incentivos hacia zonas que hoy quedan por fuera y para actualizar el PBOT con información real de uso del suelo. Sirve, sobre todo, para articular la gestión del riesgo con las condiciones sociales que lo producen, porque la inundación no cae sobre un territorio neutro: cae sobre laderas deforestadas, sobre viviendas construidas donde no había otra opción. El mapa puede mostrar esa relación, y mostrarla cambia a quién se le exige respuesta.

En café, permite zonificar variedades según altitud y microclima, planear la renovación de cafetales con criterio de riesgo y no solo de edad del árbol, anticipar la demanda de mano de obra en cosecha, que es un problema recurrente en Sevilla, Caicedonia, Alcalá y El Águila, y construir trazabilidad verificable para mercados de especialidad, que hoy pagan por origen y rara vez pueden probarlo con geometría.

En plátano el potencial es distinto, porque el cultivo cumple varios papeles a la vez: seguridad alimentaria, acompañante del café, ingreso permanente mientras el café es estacional. Documentos de Agrosavia señalan que en el Valle del Cauca la actividad de plátano y banano se concentra en municipios de tradición cafetera del norte del departamento, lo que abre oportunidades concretas: identificar dónde hay volumen suficiente para justificar centros de acopio o transformación, planear rutas de recolección y acompañar transiciones agroecológicas como las que la gobernación ha apoyado en Sevilla con entrega de insumos y asistencia. Un mapa de densidad de plátano por vereda es, en la práctica, un mapa de dónde puede funcionar una asociación.

Y hay sectores que casi nunca aparecen en estas conversaciones y deberían: turismo de naturaleza, empresas de servicios públicos, logística, aseguradoras, construcción, salud pública, educación rural. Todos consumen información territorial, y hoy la mayoría lo hace con datos incompletos y sin saberlo.

Qué hay que construir

El cuello de botella no es tecnológico, porque hay satélites gratuitos, software libre maduro y capacidad de cómputo accesible; el obstáculo es político y organizativo, y las líneas de trabajo que sí mueven la aguja son bastante concretas.

Primero, interoperabilidad real: identificadores comunes entre sistemas, empezando por el código DANE de municipio y vereda, servicios web de mapas en lugar de PDF y metadatos documentados, aunque sea de forma mínima, para evitar que dos municipios vecinos midan "área sembrada" con criterios distintos. Segundo, capacidad instalada en los municipios, porque un visor bonito sin alguien que lo lea y lo actualice dura seis meses, y la inversión más rentable no es la plataforma sino la formación continua de equipos locales. Tercero, validación en campo con la comunidad, ya que los modelos satelitales aciertan más cuando hay verdad en el suelo, y las redes de monitoreo comunitario no solo aportan datos, también construyen legitimidad sobre el resultado; sin validación, un algoritmo entrenado en otro país con otras variedades y otro relieve simplemente no funciona. Y cuarto, continuidad, porque un sistema que se apaga cada vez que cambia una administración no acumula nada, y la continuidad institucional vale más que cualquier mejora tecnológica puntual.

Aquí es donde Red LabOT quiere ubicarse, no para reemplazar los sistemas que ya funcionan sino para tender puentes entre ellos: traducir bases que no se hablan, llevar el dato nacional a la escala veredal y devolverle a la comunidad una lectura de su propio territorio que pueda usar. Ese trabajo se hace con herramientas abiertas y diversas, no con una sola plataforma: QGIS para analizar, OpenStreetMap como base colaborativa, MapLibre para publicar visores livianos, procesamiento satelital para cubrir lo que el ojo no alcanza y aplicaciones temáticas como Vigía cuando lo que hay que comunicar es riesgo. La discusión útil no es cuál herramienta es mejor, sino cuál se sostiene en el tiempo con los recursos que existen.

Volver a la ladera

La familia del comienzo sigue ahí, sabe más de su terreno que cualquier base de datos nacional y no tiene forma de que ese conocimiento cuente en una decisión de inversión pública.

Cerrar esa brecha no requiere descubrir nada nuevo: requiere que los datos que ya existen circulen, que los mapas se hagan a la escala donde ocurren las cosas y que haya personas en el territorio con capacidad y respaldo para leerlos.

A la comunidad le toca exigir la información y usarla, preguntar por qué la vía de tal vereda no aparece priorizada, pedir las cifras del último censo de cultivos, participar en la actualización del PBOT, porque los datos públicos son públicos por algo. A los gobiernos locales les toca publicar lo que ya tienen en formatos que se puedan usar y dejar de tratar la información territorial como un trámite de oficina.

El mapa no decide. Pero decide quién aparece en él.