Participar, exigir, vigilar: la ruta ciudadana para ejercer veeduría sobre la reconstrucción de Sevilla, Valle

Han pasado tres meses desde el terremoto que sacudió a Sevilla y al resto del suroccidente colombiano, y la pregunta con la que cerré mi artículo anterior sigue abierta: ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? 

Las grietas siguen ahí, visibles en las paredes, en las capacidades institucionales y en la confianza de los ciudadanos. Parece irrisorio, pero 90 días después aún estamos preguntando lo mismo. Por ejemplo, más allá de los daños auto-reportados, ¿ya tenemos un censo oficial de daños en Sevilla? ¿Sabemos cuándo tendrá el municipio un Plan de Gestión del Riesgo actualizado? ¿Quién decide cómo y dónde reconstruir las estructuras colapsadas o en riesgo de colapso? 

La última pregunta ahora tiene una respuesta parcial que vuelve todo aún más urgente. El 17 de septiembre, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1422 de 2026, que durante los próximos cuatro años permite a los municipios afectados ajustar sus planes de ordenamiento territorial por la vía rápida: cambiar los usos del suelo y las normas de gestión del riesgo, e incluso incorporar suelo rural al perímetro urbano para reubicar a los damnificados. Lo que se decida en ese plazo marcará a Sevilla por décadas, aun si la Corte Constitucional, que revisa de oficio todo decreto de emergencia, llegara a condicionar algunas de estas facultades.

Afortunadamente, la legislación colombiana ofrece tres herramientas que, usadas en secuencia, conforman una ruta efectiva: la de participar, exigir y vigilar. Participar es sentarse, como colectivo ciudadano con voz y voto, en la mesa donde se toman decisiones sobre la gestión del riesgo del municipio. Exigir significa solicitar por escrito la información que nos incumbe a todos los sevillanos. Vigilar es seguir cada peso que llegue al municipio para la reconstrucción. Ninguna de las tres herramientas es nueva; están contenidas en la Constitución Política, como derecho a la participación en la gestión pública (Arts. 40 y 103). Lo raro es que las usemos de manera colectiva y para el bien mayor de todos.  

Participar: la comunidad es el principal gestor del riesgo

Toda operación de gestión del riesgo tiene un centro de gravedad local, y en Sevilla este centro es el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. La Ley 1523 de 2012 lo concibe como una instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento. Lo preside el alcalde y lo integran, entre otros, las dependencias municipales, las empresas de servicios públicos, la CVC, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Es importante distinguir entre el Consejo de Gestión del Riesgo y el Concejo Municipal de Sevilla, donde sesionan los concejales del pueblo. 

Después del sismo, el Consejo de Gestión del Riesgo sesionó varias veces. Es una buena señal que la instancia exista, convoque y funcione. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Cuántos sevillanos saben qué se discutió en esas sesiones, qué se decidió y qué quedó pendiente? 

La ley abre aquí una puerta que pocos conocen. La misma Ley 1523 permite a los consejos de gestión del riesgo invitar a sus sesiones a técnicos, expertos, gremios y universidades (parágrafo 1 del artículo 28). Y el principio participativo del artículo 3 obliga a las autoridades a reconocer, facilitar y promover la organización de asociaciones cívicas, comunitarias y vecinales. La participación, entonces, no es un favor que la alcaldía concede: es un deber que la norma le impone. 

Esa puerta importa hoy más que nunca, dado que el Decreto 1422 dispone que los ajustes excepcionales al ordenamiento territorial pasen directamente al Concejo Municipal, sin los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Y si el Concejo no decide en 45 días, el alcalde puede adoptarlos por decreto. Con la consulta ordinaria suspendida, el Consejo de Gestión del Riesgo y las sesiones del Concejo Municipal, que son públicas, se convierten en los escenarios donde la voz de la comunidad todavía puede pesar.

Las juntas de acción comunal, los gremios cafeteros, los colegios, las universidades y las organizaciones de voluntariado pueden solicitar formalmente que se les invite a participar cuando el Consejo discuta el nuevo plan. Todos estos actores llevarían a esa mesa de trabajo justo lo que ninguna oficina municipal tiene: el conocimiento técnico y minucioso de cada barrio y cada vereda, de dónde se agrietó primero la tierra y por dónde baja el agua cuando llueve fuerte, y sobre todo, el saber qué hacer en casos de emergencia. 

Exigir: formalizar las demandas de la comunidad

Finalmente, si no se logra un espacio de participación para la sociedad civil dentro del Consejo con ‘s’ o el Concejo con ‘c’, el siguiente paso es formalizar las demandas de la comunidad. Consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y regulado por la Ley 1755 de 2015, el derecho de petición permite a cualquier persona, sin abogado ni formalismos, solicitar información y documentos a una autoridad. La respuesta tiene un plazo de quince días hábiles como regla general y de diez días cuando se solicitan documentos o información. Desatender esta petición constituye una falta disciplinaria para el servidor público, y su silencio abre al ciudadano la puerta a la tutela.

¿Qué podemos exigir hoy como ciudadanos y organizaciones sociales afectadas por el terremoto del 10 de agosto? 

Le debemos apostar a que nos informen sobre seis temas prioritarios: 

1. El censo oficial de daños, con su metodología y su desagregación por barrio y vereda. 
2. Las actas de las sesiones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, celebradas desde el 10 de agosto. 
3. El cronograma, con fechas, responsables y presupuesto, para formular y adoptar el nuevo Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 
4. También podemos preguntar si la Alcaldía usará las facultades extraordinarias del Decreto 1422 y con qué estudios técnicos.  
5. ¿Cuántos sevillanos figuran en el Registro Único de Damnificados, que es la puerta de entrada a los subsidios de vivienda? A quien no aparezca en ese registro le conviene saber que el decreto permite acreditar la afectación mediante otros medios verificables.
6. ¿Si la Alcaldía ya ha decidido gestionar la construcción de nuevas viviendas para los damnificados que han quedado sin casa, cuántas aspira a construir y en qué lotes se tiene previsto adelantar la construcción de dichas viviendas?

Pedir por escrito tiene, además, una virtud que trasciende la respuesta: deja constancia. Una petición radicada prueba que la comunidad preguntó, cuándo lo hizo y qué le contestaron. Y cuando diez o quince juntas de acción comunal, organizaciones y veedurías locales radican la misma petición, lo que era una inquietud aislada se convierte en una exigencia colectiva difícil de ignorar. Eso sí, conviene exigir con precisión y conocimiento; pues a una pregunta vaga normalmente se le responde con una respuesta vaga.

Vigilar: cada peso de la reconstrucción tiene dueño

Sabemos que la reconstrucción de Sevilla ya se discute en escenarios lejanos a nuestras calles. La Gobernación del Valle presentó su diagnóstico de la emergencia ante organismos internacionales y se dice que el Fondo Milagro beneficiará a las familias más vulnerables, sin considerar afiliaciones políticas ni religiosas. 

Sin embargo, algunos pensamos que aún existe el riesgo de que el dinero llegue al municipio a escondidas, sin que la comunidad sepa cuánto es, en qué se gasta, o si las obras reducen el peligro o simplemente reponen lo perdido. Ese riesgo crece con el diseño que eligió el gobierno nacional mediante el Decreto 1422: los recursos de vivienda se gestionan a través de patrimonios autónomos de Fonvivienda, regidos por el derecho privado. En teoría, ganan en agilidad lo que pierden en visibilidad frente a la contratación pública ordinaria.

Para eso existen las veedurías ciudadanas. La Ley 850 de 2003 permite que cualquier grupo de ciudadanos u organización comunitaria se constituya como veeduría para vigilar la gestión pública y la ejecución de los recursos. El trámite es sencillo. Se debe elaborar un acta de constitución que defina el alcance de la veeduría y que sea inscrita ante la Personería Municipal o la Cámara de Comercio. Desde ese momento, la veeduría puede solicitar información, dar seguimiento a los contratos y acudir a los organismos de control. 

Sin importar el nivel de formalidad de la veeduría, su misión consiste en asegurar que la reconstrucción de Sevilla no agrave los riesgos ya existentes. Levantar una casa en la misma ladera inestable, con los mismos materiales, es invertir en el próximo desastre. Por eso preocupa que el decreto, aunque prohíbe incorporar al perímetro urbano suelos con amenaza alta o riesgo no mitigable, abra una excepción si el alcalde presenta estudios de detalle que concluyan lo contrario. Esa excepción es justo lo que una veeduría debe revisar con lupa. Vigilar también implica exigir que se utilice la información existente, desde los estudios técnicos de la CVC y de la Universidad del Valle hasta el Sistema de Información para la Respuesta a Desastres, construido por Bomberos, UniValle y RedLabOT.

Colectivos ciudadanos

Recordemos que quien se siente en el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo debe saber qué preguntar, tanto en voz alta como por escrito. Por ello, en los próximos artículos dedicaremos un texto a cada peldaño, con herramientas prácticas: cómo solicitar una invitación formal al Concejo Municipal, un modelo de derecho de petición listo para radicar y los pasos para constituir una veeduría para la reconstrucción. Mientras tanto, la invitación sigue en pie: si usted, su junta o su organización quiere sumarse, escríbanos a través del formulario de contacto de RedLabOT.